¡Nos oponemos al debilitamiento del Presupuesto Universitario!

Hace unas semanas, los diputados Rosibel Ramos (PUSC), Otto Guevara (ML) y Paulina Ramírez (PLN), miembros de la subcomisión encargada de analizar el Proyecto de Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017, firmaron el informe final de la subcomisión para analizarlo en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. La propuesta presenta un recorte al presupuesto acordado entre en Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y el Gobierno de la República para el Fondo Especial para la Educación Superior, el cual pasaría de un crecimiento del 8,6% a uno del 3,5%.

Por otro lado, la diputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, ha manifestado a varios medios de comunicación y en sus redes sociales que se debe recortar el incremento del presupuesto para la Educación Superior para dotar al Ministerio de Justicia de recursos; en lugar de buscar la aprobación del Proyecto de Ley para Impuestos Sobre las Sociedades Anónimas, donde se destinarán el 90% de las recaudaciones al Ministerio de Seguridad.

Nos parece que la propuesta de la diputada Díaz es un atropello al desarrollo social del país, donde una de las principales banderas debe ser la inversión en Educación para reducir los rezagos sociales. Invertir en educación es invertir en una mejor sociedad, donde las personas se puedan desempeñar en lo ámbitos que deseen, es dar más oportunidad para ingreso a las Universidades Estatales, mayor cantidad y cobertura de las becas, más cupos para las y los estudiantes, más profesionales capacitados en todos los ámbitos del saber.

La propuesta presentada por la subcomisión es tan perjudicial como las declaraciones de la señora Díaz, pensar en que no se debe invertir cada vez más en Educación es pensar en que la Educación no debe avanzar ni debe adaptarse a las necesidades de la sociedad.

Es importante recalcar que las propuestas presentadas por los señores diputados y las señoras diputadas antes mencionados, son inconstitucionales y cualquier restricción en su ejecución violenta la Autonomía Universitaria. Hacemos un llamado a las y los legisladores para cumplir y defender su juramento a la Constitución Política, en este caso el mandato constitucional del 8% para la Educación Pública en general y el 1.5% del PIB para el presupuesto de las Universidades Públicas, y hacemos un llamado especial a la legisladora Ramírez para que retire su firma del acuerdo de la subcomisión.

Es por esto por lo que rechazamos cualquier intento de recortar el crecimiento de las Universidades y nos oponemos a los intentos de debilitar la Educación Pública. Hacemos un llamado a la Comunidad Universitaria a estar alertas ante estos ataques caprichosos que sólo quieren reducir las oportunidades de crecimiento de las Universidades Estatales y de la Educación en general.

¡La Educación Pública se defiende!