Consejo Universitario rechaza recurso contra freno al debido proceso de investigación hacia el rector

Hoy, jueves 29 de setiembre de 2016, en la sesión N.° 6028 de Consejo Universitario se trató el recurso de revisión presentado por Silvia Rojas (FEUCR), Vladimir Sagot (FEUCR), Daniel Briceño (Básicas), Rita Meoño (Sociales) y Carlos Picado (Administrativo), el cual pretendía dar paso atrás al acuerdo tomado por el Consejo en el que prácticamente se archivaba el proceso de investigación hacia el rector por presuntas irregularidades en el nombramiento de su hija.

El objetivo de tal recurso era revocar el acuerdo tomado y que ello que el Consejo Universitario con más insumos y escuchando las voces de la Comunidad Universitaria tomara un acuerdo más sano y coherente con los principios institucionales, éticos y jurídicos, sin embargo, el recurso fue votado en contra por Yamileth Angulo (Salud/Directora), Eliécer Ureña (Agroalimentarias), Francisco Aguilar (Ingenierías), Marlen Vargas (Sedes) y Carlos Araya (Rectoría). El cual por voto de calidad de la Directora, debido al empate, fue finalmente votado en contra y con ello los siguientes acuerdos declarados en firme:

  1. Comunicar a la Contraloría Universitaria que no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario, lo cual imposibilita dar una respuesta a la recomendación número 4 del informe.
  2. Indicarle al rector, y a quienes ostentan puestos de dirección, así como al personal de la Universidad, que deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional.

Adjuntamos el recurso de revocatoria al acuerdo presentado durante la sesión para que sea de conocimiento de la Comunidad Universitaria:

RECURSO DE REVISIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 6010 DEL VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2016

FECHA: 25 de de agosto de 2016 PARA: Miembros, Consejo Universitario DE: Daniel Briceño, Rita Meoño, Carlos Picado, Vladimir Sagot, Silvia Rojas ASUNTO: Recurso de revisión de acuerdos de la sesion extraordinaria 6010 del Consejo Universitario del Viernes 12 de agosto del 2016.

HECHOS:

1. En sesión Nº 5998 del 2 de junio el Consejo Universitario acordó:

  • Solicitar a la Oficina de Contraloría Universitaria, que realice una investigación sobre los nombramientos de la funcionaria Elena Jensen Villalobos, en el Centro Infantil Laboratorio, y presente a este Órgano Colegiado un informe a más tardar el 18 de junio de 2016.
  • Trasladar a la Oficina de Contraloría Universitaria la denuncia presentada ante el Consejo Universitario por la secretaria general del Sindeu, mediante el oficio JDC-Sindeu-350-2016.
  • Solicitar a la Oficina Jurídica y a la Facultad de Derecho que emitan criterio sobre quién fungiría como superior jerárquico sobre la persona que ocupa la Rectoría, en caso de procesos disciplinarios o posibles sanciones y cuáles serían las instancias involucradas en el proceso.

2. El informe de la Contraloria Universitaria denominado “Análisis del nombramientos en el puesto de psicóloga en el Centro Infantil Laboratorio” (OCU-R-111-2016) fue recibido por la Dirección del Consejo Universitario el 28 de julio del 2016.

3. El informe de la Contraloría, consistió en determinar la legalidad y pertinencia del tramite para efectuar los nombramientos de la funcionaria Elena Jensen Villalobos en la Universidad de Costa Rica, particularmente en el puesto de Psicóloga en el Centro Infantil Laboratorio, así como la obtención de los recursos para darle contenido presupuestario a la plaza en estudio.

4. En la conclusión 8, el informe OCU-R-111-2016 indica:

“El apoyo presupuestario de la partida “Servicios Especiales del Presupuesto 881: Unidades de Apoyo Académico, otorgado por la Rectoría para los nombramientos de Elena Jensen Villalobos en el CIL, fueron aprobados directamente por el Dr. Henning Jensen Pennington, a pesar de encontrarse ante una causa de impedimento en razón de la relación de parentezco existente entre ellos, conforme lo establece los controles preventivos que se han incorporado en la normativa nacional.”

5. En la recomendación 4, el informe OCU-R-111-2016, indica:

“Determinar el procedimiento a seguir para valorar la actuación del Rector Henning Jensen Pennington, en el proceso de aprobación del apoyo presupuestario de la partida de “Servicios Especiales” de la Rectoría, para la plaza profesional B en Psicología en el CIL. En este mismo sentido, le solicitamos indique, cuál es la instancia competente para conocer la Relación de Hechos que hemos elaborado producto de la investigación. Lo anterior considerando que existe una solicitud planteada por el Consejo Universitario a la Oficina Jurídica y a la Facultad de Derecho en el punto 3, artículo 4 del acuerdo de la sesión N0 5996 del 2 de junio del 2016.

6. En la sesión Extraordinaria del Consejo Universitario N.°6010, del 12 de agosto de 2016, se acordó:

“Comunicar a la Contraloría Universitaria que no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario, lo cual imposibilita dar una respuesta a la recomendación número 4 del informe.

Indicarle al rector, y a quienes ostentan puestos de dirección, así como al personal de la Universidad, que deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional.¨

DERECHO

  • Artículo 11. “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública”.
  • Por su parte, el artículo 33 dispone: “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
  • El numeral 39 señala: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.
  • Y, el artículo 41 expresa: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.
  • El artículo 129 indica: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la Ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tienen eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público. Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. La Ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.”

Basta con citar estos artículos de la Constitución Política de la República, para percatarnos de manera inmediata, que el acuerdo que solicitamos sea revisado, se encuentra totalmente errado desde sus cimientos.

Si toda persona es igual ante la Ley, por disponerlo así nuestra Constitución, ¿qué hace diferente al señor Rector? Si todos los funcionarios públicos somos depositarios de la Autoridad y debemos rendir cuentas de nuestras funciones, sin desvío de poder y con un ejercicio probo, ¿porqué el señor Rector no lo haría? Si existe un debido proceso establecido por la Constitución y el ejercicio garantizado de su derecho de defensa, ¿porqué no someterse a él?

Conviene recordar a un experto en la materia, como es el español Manuel Sánchez Morón, que señalaba que “el fundamento primero de la existencias de un régimen disciplinario reside en la necesidad que la administración tiene como organización prestadora de servicios de mantener la disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones de su encargo.”. Ello, sin distinción del cargo que ocupen sus servidores.

La Procuraduría General de la República ha determinado en varias resoluciones la obligatoriedad de iniciar el debido proceso ante una denuncia:

  • “El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política, comprende, entre otros contenidos, el derecho a acceder a un proceso donde se discutan, a la luz de las argumentaciones fácticas y jurídicas formuladas, las pretensiones deducidas en éste por las partes y a que se resuelvan mediante una sentencia fundada en el Ordenamiento Jurídico, independientemente que ésta sea favorable o adversa a tales pedimentos, esto es, a la asistencia efectiva de los órganos jurisdiccionales con el propósito de garantizar una coexistencia social pacífica y armónica”. Sentencia 3481-03
  • “El Derecho a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la Constitución Política no se limita, en el Derecho Administrativo, al ámbito jurisdiccional, esto es, a los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa creada en el artículo 49 del mismo cuerpo normativo supremo, sino que se proyecta y expande con fuerza, también, a la vía administrativa o gubernativa previa a la judicial, esto es, a los procedimientos administrativos. De modo y manera que es un imperativo constitucional que los procedimientos administrativos sean, igualmente, prontos, oportunos y cumplidos en aras de valores constitucionales trascendentales como la seguridad y la certeza jurídicas de los que son merecidos acreedores todos los administrados.” Sentencia 2166-04

Por su parte el Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-J) indica:

  • “Articulo 9. Deber de denunciar. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función pública, de los que tengan conocimiento.”

El procedimiento existe, se trata del debido proceso constitucional expresado y acuerpado en nuestro “Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico” hoy vigente y que es producto de la reforma integral aprobada por parte del Consejo Universitario en sesión número 5261-02 del día 4 de junio de 2008 y que comenzó a regir a partir del 3 de julio del año 2009. Uno de los objetivos más importantes de esa reforma normativa, consistió en la creación de la Comisión Instructora Institucional, como órgano imparcial, nombrado por el Consejo Universitario, cuya función primordial es instruir las denuncias de “faltas graves” y “muy graves” de todo el personal académico de la Universidad de Costa Rica, salvo excepción hecha de aquellas relacionadas con los profesores interinos, cuyo procedimiento sancionatorio es de conocimiento y trámite de la Junta de Relaciones Laborales.

El articulo 37 del Estatuto Orgánico, indica: “El Rector de la Universidad de Costa Rica es el funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva.“; que tenga la más alta jerarquía ejecutiva no lo excluye de los controles y responsabilidad por los actos que realice en el desempeño de su cargo. Entonces preguntamos: ¿no existe instancia?, ¿No existe procedimiento?

La Universidad de Costa Rica es una institución que no puede sustraerse de la obligación de ejercer la potestad de disciplina sobre todos y cada uno de sus funcionarios. Ninguno de nosotros puede estar vedado de esa acción, cuando así fuere necesario. La potestad sancionadora es una facultad de la Administración Pública para imponer sanciones derivadas de transgresiones a la ley (…) ¿Cuáles son las razones que permiten que la potestad punitiva del Estado sea ejercida por un órgano distinto al Poder Judicial? La primera razón que nos brinda la doctrina es de índole histórico-sociológica la cual se basa en la insuficiencia del sistema penal para dar respuesta a todas las conductas merecedoras de castigo, por lo que, delegando esta potestad sancionadora en la Administración, se procura solventar dicha necesidad debido a que el sistema sancionatorio administrativo es más expedito e informal. La segunda razón trata de fundamentar la potestad sancionadora de la Administración en cuanto a que esta debe de mantener el orden de la Institución y velar por el cumplimiento de sus fines; por ende, se le dotó de poder sancionatorio para que pueda reprimir las conductas que sean contrarias a estos objetivos (Nicolás Prado Hidalgo. El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública y sus límites tratándose de restricciones a derechos políticos. ISSN: 1659-2069).

En ese orden de ideas, es necesario señalar que si existe una conducta presumiblemente antijurídica al estar tipificada en una ley y cometida por un sujeto determinado, el único requerimiento para que la sanción proceda es que se le siga el debido proceso como garantía constitucional, independientemente de que no haya una explícita instancia que deba encargarse de esto. Alegar que el deber de probidad que manda la ley es inaplicable a los funcionarios de mayor jerarquía universitaria por no estar previsto un procedimiento en una norma propiamente universitaria, significa negar los verdaderos alcances de la autonomía constitucional del numeral 84 de nuestra Carta Magna, pues las leyes de carácter general son de acatamiento obligatorio para nuestra Institución y pretender que esa independencia, que otorgaron los constituyentes a la Universidad de Costa Rica, le excluye de la obligación de observar rectitud y probidad en el actuar de sus funcionarios es vilipendiar la absoluta responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos todos los que participamos de la labor universitaria (artículos 9 y 11 de la Constitución Política).

OMISIÓN VIOLATORIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

De mantenerse la decisión tomada por este Consejo, mediante la cual se acuerda comunicarle a la Contraloría Universitaria, la no existencia de un procedimiento ni instancia definida en la normativa en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del Rector en el caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un procedimiento disciplinario; el órgano colegiado incurriría en una omisión histórica, contraria a la ética y la probidad, y a la vez, se constituiría en una decisión violatoria de la lógica jurídica. Sería además, la conculcación más arbitraria de la Constitución Política de nuestra República, de la Ley General de la Administración Pública y de nuestro propio Estatuto Orgánico y en general, de todo el Ordenamiento Jurídico nacional y supra-nacional.

PRETENSION

Revocar los acuerdos:

  1. Comunicar a la Contraloría Universitaria que no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario, lo cual imposibilita dar una respuesta a la recomendación número 4 del informe.
  2. Indicarle al rector, y a quienes ostentan puestos de dirección, así como al personal de la Universidad, que deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional.¨

de la sesión extraordinaria 6010 del Viernes 12 de agosto de 2016.

Atentamente,

Daniel Briceño, Representante del Área de Ciencias Básicas

Rita Meoño, Representante del Área de Ciencias Sociales

Carlos Picado, Representante del Sector Administrativo

Silvia Rojas, Representante Estudiantil

Vladimir Sagot, Representante Estudiantil